Al parecer, las consultas para elegir candidatos a la Presidencia de la República dejaron de ser solo un mecanismo democrático interno de los partidos y se están convirtiendo en un negocio político financiado con recursos públicos.
Así lo advirtió la Misión de Observación Electoral (MOE), tras el fuerte aumento en los topes de gasto y en la reposición de votos para las consultas presidenciales de 2026.
El negocio de las consultas presidenciales
Según cifras oficiales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) triplicó el tope máximo de gasto permitido para las campañas de consulta. Mientras en 2025 los candidatos podían gastar hasta 6.000 millones de pesos, para 2026 el límite subió a 18.000 millones de pesos por campaña.
Es decir, hoy una consulta interna puede costar lo mismo que una campaña presidencial completa de hace pocos años.
Pero el cambio más polémico está en la reposición de votos, es decir, el dinero que el Estado les devuelve a los partidos y candidatos por cada voto obtenido. En las consultas anteriores, el valor era de 2.555 pesos por voto. Para 2026, esa cifra aumentó a 8.287 pesos por voto, más del triple.
En la práctica, esto significa que no solo se autoriza a las campañas de consulta a gastar mucho más dinero, sino que además el Estado se compromete a devolverles sumas mucho mayores por cada voto, incluso cuando no se trata de elegir al presidente, sino apenas al candidato.
Para la MOE, este aumento no tiene una justificación técnica clara. Las consultas de 2025 y 2026 tienen exactamente el mismo objetivo: definir candidatos presidenciales. Sin embargo, los costos y la financiación pública son radicalmente distintos.
«No tenemos claro por qué se triplican los topes de gasto ni por qué se incrementa de esa manera la reposición de votos», señaló Alejandra Barrios, directora de la MOE.
Este escenario explica por qué cada vez más partidos y líderes políticos como Claudia López insisten en hacer consultas. Con las nuevas reglas, una consulta se convierte en una oportunidad para acceder a grandes recursos públicos, aumentar visibilidad en medios y financiar estructuras políticas, todo antes de la campaña presidencial.
La MOE alertó además que estas condiciones pueden afectar la equidad electoral, favorecer a quienes tienen mayor capacidad económica y aumentar los riesgos de financiación irregular, si no se fortalecen los controles.
Redacción Política Pluralidad Z.
