Decreto que busca acabar la coca con aspersión del glifosato

Para el 2020 se proyecta un decreto para fumigar cultivos de coca con glifosato.
Para el 2020 se proyecta un decreto para fumigar cultivos de coca con glifosato.

El Ministerio de Justicia, en dirección de Margarita Cabello, publicó un proyecto de decreto para acabar con cultivos ilícitos con aspersión del glifosato. El herbicida glifosato se utilizará en cultivos de coca, marihuana y amapola. Aunque, sin embargo, este método fue prohibido por la Corte Constitucional en julio pasado y suspendido breve-mente en 2018 por riesgos a la salud.

En julio, la Corte Constitucional indicó que no podía retomar la fumigación por las comunidades aledañas y las implicaciones del uso químico. Sin embargo, el Consejo Nacional de Estupefacientes afirmó que no había daños a la salud y al medio ambiente.

Según el Ministerio, el uso de este químico no afecta la salud, ya que es una técnica para combatir el narcotráfico en Colombia.

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Los rumbos del glifosato como decreto en Colombia

En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010 – 2018), la fumigación aérea del glifosato se suspendió en octubre del 2015 por afectaciones en la salud de las comunidades vecinas.

Santos planteó la erradicación de los cultivos de forma manual tal como se planteó en los Acuerdos de Paz.

Por su parte, el presidente Iván Duque aseguró que esta forma de erradicación hizo que Santos dejara una herencia de más de 200.000 hectáreas sembradas de coca. Por lo que, la mejor manera, según él, era la reactivación de este herbicida.

De todas maneras, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud sostuvo que el glifosato, diazinón y malatinón son «probablemente cancerígenos para los seres humanos«.

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Lo que traerá el nuevo proyecto

Según la fuente del Ministerio de Justicia para el periódico «El Espectador», el decreto traería lo siguiente:

-La ejecución de la actividad a cargo de la Policía Nacional.

-Un mecanismo independiente de seguimiento por parte del Instituto Nacional de Salud (INS) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

-Una evaluación permanente del riesgo a cargo del INS y de la Anla.

-Una ruta de revisión automática de decisiones frente a la modificación o continuación de la actividad a partir de la evidencia de posibles nuevos riesgos que arroje el sistema de evaluación.

-El desarrollo de estudios antes, durante y después de la ejecución de la actividad sobre los efectos en la salud y el medioambiente.

-Un procedimiento independiente de quejas sobre afectaciones a la salud, al medio ambiente, a bienes agropecuarios y a viviendas.

-Y espacios para la participación ciudadana y el acceso a la información.