El representante de la Lista de la Decencia, David Racero, publicó a través de su cuenta oficial de Twitter lo que sería un proyecto de ley para garantizar la austeridad en el gasto para entidades públicas, órganos que son parte del presupuesto de la Nación, entidades descentralizadas de la rama ejecutiva y entidades territoriales.
La propuesta consta de 10 medidas que pretender contribuir con el ahorro público en la crisis del país.
La labor del representante David Racero
David Racero, miembro de la oposición política del país y quien se ha caracterizado por su lucha anticorrupción pese a las críticas y amenazas, reveló las medidas del proyecto de ley para austeridad en el gasto público.
Utilizando su cuenta de Twitter, el representante a la Cámara explicó las medidas más importantes de la propuesta, detallando la forma en que deberían manejarse los recursos públicos.
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Las medidas de su propuesta de austeridad
- En primer lugar, se propone que todos los viajes nacionales e internacionales de cualquier servidor público, independientemente de su posición o jerarquía, se hagan en clase económica.
- También se propone que el valor de los viáticos no se defina con base en el rango salarial del servidor, sino a partir de un análisis del sitio de destino, su categorización y su costo de vida.
- En tercer lugar, se insta en una especie de rendición de cuentas de los viajes emprendidos, donde se darán a conocer los destinos, las agendas, los objetivos y el avance en los objetivos.
- Como cuarta medida se dará prioridad a los eventos y reuniones institucionales a través de canales virtuales. Los que deban ser presenciales no deberán organizarse en hoteles ni espacios de lujo sino en los auditorios institucionales.
- En quinto lugar, con los recursos que se ahorren con la medida anterior, es decir, al no reservarse espacios de lujo, se podrá invertir en herramientas que posibiliten la participación ciudadana, como la conectividad.
- También se propone que los vehículos oficiales contratados por entidades públicas no deberán ser dispuestos de forma permanente para el transporte de la vivienda al trabajo, a menos que sean asignados a titulares.
- Además, se debe garantizar que su uso se limite a actividades propias de su cargo y no aquellas de índole personal o familiar.
- No se celebrarán contratos de propaganda o publicidad personalizada con los recursos públicos, ni para la promoción de una entidad ni de un plan de gobierno.
- Los planes de telefonía contratados con recursos públicos no serán asignados a los servidores de manera individual, sino que responderán a las actividades propias y misionales de las dependencias.
- Finalmente, se descarta que alguna entidad del Estado pueda suscribir contratos de prestación de servicios profesionales de asesoría con personas naturales, cuyos honorarios superen el salario del presidente de la República, y de los alcaldes y gobernadores departamentales
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