La discusión sobre una posible Asamblea Nacional Constituyente volvió al centro del debate político luego de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro inscribiera oficialmente el comité promotor para impulsar este mecanismo de participación ciudadana.
Sin embargo, la reacción del Centro Democrático, que hoy califica la iniciativa como una «amenaza» o una «payasada», contrasta con sus anteriores posturas políticas, cuando varios de sus principales líderes defendieron abiertamente esa misma figura.
Las contradicciones del Centro Democrático frente a la Constituyente
El pasado 26 de diciembre, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, registró el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente.
Según explicó, el objetivo es abrir un camino ciudadano para impulsar las reformas sociales que el Congreso no aprobó, como la reforma a la salud.
«Esta iniciativa merece todo el respaldo del Gobierno y debe ser liderada por los movimientos sociales y populares del país», afirmó Sanguino, quien recordó que el proceso requiere el respaldo de al menos el 5% del censo electoral, es decir, cerca de tres millones de firmas.
Pese a que la iniciativa debe pasar por el Congreso y la Corte Constitucional, desde sectores de la oposición, especialmente del Centro Democrático, se lanzaron duras críticas.
La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia calificó la iniciativa como una amenaza institucional: «Quiero invitar a los colombianos a que defendamos la Constitución del 91. Hoy están lanzando el proyecto de la constituyente en un gobierno que desprecia los equilibrios de poderes y ha querido entregar el país a los ilegales».
No obstante, estas declaraciones contrastan con las posturas que el propio uribismo sostuvo en el pasado. Años atrás, varios de sus dirigentes defendieron abiertamente la idea de una Asamblea Constituyente como salida a una supuesta crisis institucional en el país.
Durante el gobierno de Iván Duque, el Centro Democrático incluso promovió la posibilidad de convocar una constituyente para reformar la justicia.
En ese momento, el partido planteó eliminar las altas cortes y reemplazarlas por una corte única con el propósito de favorecer al expresidente Álvaro Uribe Vélez, así como desmontar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La senadora María Fernanda Cabal fue una de las voces más enfáticas en esa línea. En su momento aseguró: «Cuando las cortes actúan de forma desordenada y la ciudadanía se siente golpeada, la voluntad popular es la que debe prevalecer. Creo que vamos a tener que terminar en un referendo o en una asamblea constituyente».
Por su parte, Paloma Valencia también defendió esa posibilidad: «Yo estoy de acuerdo con cualquiera de esas figuras. Hay que buscar un plebiscito, un referendo, una constituyente o incluso marchas ciudadanas».
Hoy, esas mismas figuras califican la propuesta del Gobierno Petro como una amenaza para la democracia, pese a que el mecanismo es el mismo que antes promovían. La diferencia está en quién la impulsa y con qué fines políticos.
Redacción Política Pluralidad Z.
