El Congreso de la República, con una arrasadora mayoría de 53 votos contra nueve y 22 impedimentos, aprobó la propuesta de la Procuraduría General de la Nación de reformar el Código General Disciplinario y dar mayor poder y facultades a la procuradora Margarita Cabello.
Este proyecto requeriría un incremento en el presupuesto destinado para la Institución, mientras que se hundió la iniciativa de Matrícula Cero por un año, argumentándose la crisis fiscal.
Sí hay plata, pero no para educación
El Congreso de la República, que cada vez es considerado menos representativo de la voluntad de los colombianos, hundió en Comisión sexta del Senado el proyecto de Matrícula Cero por un año al considerarlo costoso en un momento de crisis económica.
El proyecto fue propuesto por senadores de oposición, que pretendían garantizar la gratuidad en estudios superiores de pregrado y posgrado durante un año, para el beneficio de muchos jóvenes colombianos.
Pese a que se había planteado una ruta para obtener los recursos necesarios para su implementación, el Senado hundió la propuesta sin admitir sustento alguno.
Paradójicamente, fue aprobado el proyecto de ley propuesto por la Procuradora Margarita Cabello para que se reforme el Código General Disciplinario y se incrementen las facultades y el presupuesto de la Procuraduría.
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La reforma a la Procuraduría
El proyecto de ley ampliaría las funciones de la Procuraduría permitiéndole emitir o participar en procesos de sanciones, destituciones e inhabilidad, a servidores públicos elegidos por voto popular, y se habilitaría la doble instancia en los procesos.
Esta sería la respuesta al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del senador Gustavo Petro, luego de que el entonces procurador, Alejandro Ordóñez, lo destituyera e inhabilitara sin que tales funciones fuesen de su competencia.
Este proyecto, considerado peligroso para la democracia y que da pie a la persecución e intimidación de miembros de oposición, ha sido tildado de inconstitucional, y algunos aseguran que podría costarle una sanción al Estado colombiano al incumplirse la orden de la CIDH.
Para que se convierta en ley, la iniciativa será conciliada el día de hoy.
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