En Colombia es cada vez más difícil denunciar irregularidades, corrupción y cualquier tipo de conducta cuestionable de los funcionarios públicos.
Más ahora que la Cámara de Representantes aprobó un artículo que castigaría con prisión a quienes incurran en injuria y calumnia contra funcionarios y exfuncionarios públicos.
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El artículo buscaría ser uno más de los consignados en el código penal y restringiría de manera significativa la labor periodística, de control y de veeduría por parte de los miembros de la prensa.
Las penas con las que se sancionarían estos delitos de injuria y calumnia irían desde 60 a 120 meses de prisión siempre y cuando hayan sido debidamente comprobados y solo pretendan atacar la labor de un funcionario.
El artículo fue criticado por la oposición como un peligroso retroceso en lo que se establece en la Constitución Política de 1991, al dar demasiada publicidad a los miembros de los medios de comunicación que investiguen a funcionarios y exfuncionarios públicos, así lo señaló el representante Inti Asprilla.
Algo que no se aleja de la percepción de un amplio sector de la población colombiana que encuentra en este artículo una peligrosa estrategia de los dueños del poder para garantizar impunidad y evitarse el escándalo en caso de incurrir en irregularidades desde sus cargos públicos.
Luego de la valerosa investigación de la periodista Paola Herrera, que llevó a la renuncia de la exministra TIC, Karen Abudinen, por el escándalo de corrupción al interior de la cartera, este artículo restringe la posibilidad abierta de investigar este tipo de casos.
Sobre todo, en un país donde los entes de control han sido cuestionados como parcializados y tildados como de bolsillo, actuando en beneficio de los poderosos, en el país del cartel de la Toga y en el que se cierran importantes investigaciones por vencimiento de términos.
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