El juzgado quinto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín admitió la acción de tutela presentada por varios ciudadanos que aseguraron haber sido suplantados en el proceso de recolección de firmas para la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.
En el documento, los accionantes manifiestan que sus derechos fueron violentados y exigen que se adelante una investigación para dar con los responsables de estas falsificaciones; además que la Registraduría revise nuevamente las firmas aprobadas.
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El alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero, ha venido sufriendo ataques de un sector de la población que se ha declarado en oposición a sus decisiones al mando de la ciudad.
El alcalde Quintero ha asegurado que se trata de un esfuerzo del uribismo y de las clases políticas tradicionales de la región para permanecer en el poder y no ceder ante la posibilidad de transformación para una Medellín más justa y equitativa.
Este grupo inició un proceso de recolección de firmas para solicitar la revocatoria del mandato de Medellín y hace algunos días presentaron ante la Registraduría nacional del estado civil las firmas necesarias para que el proceso avanzara.
Sin embargo, fueron descubiertas varias irregularidades en el proceso de recolección de firmas y estas se convirtieron en denuncias presentadas en una acción de tutela que fue admitida por el juzgado quinto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín.
Según lo que se dio a conocer, más del 60% de las firmas pertenecerían a personas que no residen en la ciudad, además personas discapacitadas y personas que no pueden escribir también figuraron como firmantes de la revocatoria.
El alcalde hizo público un enlace en que los ciudadanos podían revisar si sus firmas aparecían registradas en la revocatoria y el resultado fue que más de 3.000 personas en redes sociales denunciaron aparecer en las listas sin haber firmado.
Ante la evidente suplantación y falsificación de sus firmas, este grupo de ciudadanos presentó una acción de tutela en que se exige una investigación y una nueva revisión de las firmas aprobadas por la Registraduría.
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