Pedrito Tomás Pereira Caballero, ¡El alcalde de Cartagena investigado!

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Pedrito Tomás Pereira Caballero
Pedrito Pereira es uno de los once alcaldes que ha tenido Cartagena durante los últimos 8 años.

Luego de la suspensión del mandatario electo, Antonio Quinto Guerra Valera, el presidente Iván Duque Márquez designó al excongresista Pedrito Tomás Pereira Caballero como nuevo alcalde de Cartagena para un período de quince meses, lo anterior después de examinar la terna enviada por el Partido Conservador.

Por: Katrin Reyes

Antecedentes de la crisis de interinidad que atraviesa Cartagena

En el mes de octubre del año 2011, fue elegido popularmente Campo Elías Terán Dix como alcalde de Cartagena, pero debido a incapacidades médicas que produjeron su muerte, fue designado Felipe Merlano de la Ossa, quien ostentaba el cargo de secretario general de la Alcaldía de Cartagena. A mediados del mes de septiembre de 2012.

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Campo Elías retornó al cargo pero entre octubre y noviembre del mismo año, Óscar Brieva Rodríguez fue designado alcalde encargado por la incapacidad médica que aún mantenía Terán Dix.

Posteriormente, la Contraloría General de la República ordenó la suspensión del mismo por presunto detrimento patrimonial asociado a irregularidades en la celebración de contratos de aseo distrital con la firma Chemical Products.

Como consecuencia de este acto, William Bruce Mac Master Rojas fue designado alcalde encargado de la ciudad, quien en ese momento ocupaba el cargo de Director del Departamento para la Prosperidad Social.  El 14 de noviembre de 2012, el presidente Santos designó a Carlos Otero Gerdts de una terna enviada por el partido ASI.

Tras el fallecimiento de Terán Dix, se convocaron elecciones atípicas, donde Dionisio Vélez Trujillo resultó siendo el nuevo alcalde de Cartagena hasta diciembre de 2015, para darle paso a Manuel Vicente Duque Vásquez en la alcaldía de la ciudad.

Las suspensiones

Sin embargo, en el año 2017 este fue suspendido e inhabilitado por orden de la Procuraduría General de la Nación por omisión sobre el control urbano de la ciudad y por presuntas irregularidades en la elección de la contralora distrital para el período 2016 – 2019.

Nubia Fontalvo, lo que trajo consigo la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad dictaminada por el Juez Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena de Indias, de la cual se liberó por vencimiento de términos; no obstante, el proceso contra el exalcalde continúa y aún existe la posibilidad de que se expida una sentencia condenatoria en su contra.

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Ante todo lo ocurrido, Manuel Vicente Duque presentó su carta de renuncia irrevocable al cargo, la cual fue aceptada por el Presidente de la República a través del Decreto 1810 del 07 de noviembre de 2017, en donde además, designó como alcalde encargado de la ciudad a Sergio Alfonso Londoño Zurek.

Quien en ese momento desempeñaba el cargo de Director General de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC – Colombia (cabe agregar que ya estaba ejerciendo funciones de alcalde de la ciudad desde el 23 de mayo de 2017 tras la suspensión del exalcalde Duque).

Todo lo anterior hasta tanto el grupo significativo de ciudadanos “Primero La Gente Movimiento Ciudadano” que inscribió la candidatura de Manuel Vicente Duque, proporcionara la terna para nombrar y designar al nuevo mandatario y posteriormente convocar a elecciones atípicas para elegir al alcalde del Distrito de Cartagena de Indias, conforme a la fecha acordada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Sin embargo, a pesar de que el movimiento ciudadano presentó una terna integrada por 3 personas, estas renunciaron a dicha postulación por escándalos relativos a la integración de dicha terna, por lo que Londoño Zurek permaneció en su cargo como alcalde encargado.

La historia reciente

Así las cosas, el 06 de mayo de 2018 se realizaron las elecciones atípicas en donde resultó electo Antonio Quinto Guerra Valera, pero a través de una demanda de nulidad electoral interpuesta por la Procuraduría ante el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Se ordenó la  suspensión de su elección como alcalde de Cartagena por estar probado que fue elegido estando incurso en una causal de inhabilidad para ejercer el cargo, por haber suscrito contratos y otrosíes con el Ministerio de Vivienda y el Departamento de Bolívar dentro del año anterior a su elección como mandatario local.

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A pesar de que esta decisión fue sometida al conocimiento del Consejo Nacional Electoral y este, en Sala Plena, consideró que el mandatario no estaba incurso en ninguna causal de inhabilidad.

La Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, de suspender la elección de Antonio Quinto Guerra como Alcalde de Cartagena para el período institucional 2018 – 2019.

Por todo lo anterior, a través del Decreto 949 del 3 de junio de 2018, el Ministerio del Interior designó como alcaldesa encargada a Yolanda Wong Baldiris, quien en ese momento ocupaba el cargo de Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, hasta tanto el partido conservador proporcionara la terna para la elección del próximo alcalde.

En el nuevo gobierno de Ivan Duque

Así las cosas, de la terna presentada el pasado 3 de septiembre, integrada por Antonella Farah Louis, Oscar Javier Torres Yarzagaray y Pedrito Tomás Pereira Caballero, resultó elegido este último, quien solo ocupará este cargo hasta el mes de octubre de 2019, teniendo en cuenta que en esta fecha.

La ciudad tendrá elecciones populares para Alcalde de Cartagena para el período 2020 – 2024, quien sería el alcalde número doce en 9 años de gobierno en la ciudad.

Investigaciones adelantadas en contra del nuevo alcalde

Tras su designación como nuevo alcalde no se hicieron esperar las críticas de diversos sectores de la población, teniendo en cuenta los procesos ante la Corte Suprema de Justicia en los que se ha visto inmiscuido a lo largo de su carrera política.

En un documento expedido por la Sala Penal de esta Suprema Corte, se dio a conocer que Pereira ha tenido cinco procesos, de los cuales dos tienen ponencia del magistrado José Luis Barceló, dos del magistrado Eyder Patiño Cabrera y uno a Luis Guillermo Salazar.

Uno de ellos por el delito de Prevaricato, al estar incluido dentro de los 12 congresistas que avalaron el documento de conciliación del referendo reeleccionista de Álvaro Uribe Vélez en el año 2009 sin haberse declarado impedido. En esta oportunidad, la Corte expidió un auto inhibitorio.

En otra oportunidad, se adelantó un proceso en su contra tras presuntamente haber recibido beneficios económicos a su favor por haber expresado su apoyo al referendo para la reelección de Álvaro Uribe Vélez. Beneficios económicos que provendrían del Fondo de Seguridad (Fonsecón). En este proceso también fue emitido un auto inhibitorio.

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Pedrito Pereira también se ha visto inmiscuido en dos procesos por el delito de Fraude electoral. El primero de ellos adelantado por la entonces candidata Sandra García, por presuntamente favorecerse de la alteración de los resultados de las elecciones del 4 de marzo de 2014 en Bolívar, en donde fue elegido por tercera vez como representante a la Cámara; Actualmente este proceso se encuentra en etapa preliminar.

Pedrito Pereira es uno de los once alcaldes que ha tenido Cartagena durante los últimos 8 años.

El segundo proceso por fraude electoral fue adelantando por el ciudadano José Ortiz Perdomo, quien fundamentó su denuncia al considerar que algunos errores que cometieron digitadores terminaron beneficiándolo para ganar su curul en el Congreso; Actualmente este proceso se encuentra en fase de investigación previa.

Por último, el nuevo alcalde designado también fue denunciado por inducir en error al Tribunal Superior de Cartagena con el propósito de que este declarara improcedente una tutela presentada en su contra por el candidato a la Cámara en el año 2014, Luis Guillermo Otoya; En esta oportunidad, la investigación fue archivada.

Todo lo anterior es muestra de la grave crisis de interinidad que atraviesa el Distrito de Cartagena, poniendo de plano la necesidad de una política anticorrupción eficaz y un verdadero control administrativo distrital, en cumplimiento de la ley y la moralidad administrativa.

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