No es ninguna novedad que el presupuesto de una entidad pública sea utilizado como un fortín, para la contratación de personal por órdenes de prestación de servicios (OPS) como pago de favores políticos.
La reciente investigación de Pluralidad Z demuestra que en la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) de la Alcaldía de Cartagena se han gastado casi $2.000 millones de pesos, a través de 125 contratos de OPS.
La misma historia se repite una y otra vez. A mediados de año, el concejal de oposición, Javier Julio Bejarano, cuestionó las 269 OPS, que había contratado hasta ese momento el director de Distriseguridad, Jaime Hernández Amín, por $7.219 millones de pesos, advirtiendo que superaría con creces las 390 que, se firmaron en el 2024.
La UMATA que es la entidad encargada de prestar el servicio público de extensión rural agropecuaria a pequeños y medianos productores del Distrito de Cartagena, tampoco se escapa en despilfarrar el presupuesto entregando OPS por doquier.
¿Por qué utilizar el recuso público que debería destinarse a la inversión de proyectos que, beneficien a los campesinos, pescadores, pequeños y medianos productores pecuarios, a las mujeres indígenas y afrodescendientes, al bienestar y protección de animales domésticos en situación de calle en un gasto exorbitante en contratación de profesionales ajenos a la misionalidad de la dependencia?
¿Será mera casualidad que un número de contratistas de la UMATA sean oriundos de los municipios de Turbaco y Córdoba Tetón en Bolívar, cunas electorales del actual presidente del Congreso de la República, Lidio García Turbay y del representante a la Cámara, Silvio José Carrasquilla Torres, quien sería su fórmula en las próximas elecciones legislativas? ¿Se trata de una coincidencia o es apenas el alistamiento de una maquinaria que pretende revolcar una vez más los cimientos de la cacareada «democracia», para asegurar la reelección de ambos personajes de la partidocracia criolla tradicional?
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¿A qué se debe ese incremento exabrupto de 17 veterinarios contratados en la UMATA, que la convierte en una cifra histórica y contundente, como dijera un funcionario del gabinete del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz?
¿Verdaderamente la UMATA responde a las necesidades importantes de la Cartagena rural, corregimental e insular? ¿Dónde caben al menos 92 contratistas en el espacio reducido de las oficinas de la unidad? ¿Está la UMATA en sintonía con las realidades del sector agro de Cartagena? ¿Por qué no priorizar el gasto público en el fortalecimiento, dotación y formación de capacidades técnicas con enfoque en procesos de agro industrialización y del sector agronegocios? ¿Cuáles serían las funciones de un economista, una bacterióloga, y una docena de administradores en la UMATA?
Estas son apenas algunas interrogantes que debería responder a la ciudadanía, el director de la UMATA, Adolfo Pérez Fonseca, quien siempre ha mostrado una actitud evasiva cuando ha sido consultado por este periodista.
Verbigracia es cuando respondió un día después de la publicación «Los dioses del ego y la deshonra», la solicitud de información relacionada con el contrato suscrito con el Centro Veterinario El Prado, por $213 millones para la atención intrahospitalaria de caninos y felinos en situación de calle.
También le consulté el 24 de septiembre vía WhatsApp sobre la fecha de entrega de ocho toros —6 de raza Brahman puro y 2 de raza Gyr puro— comprados por $135 millones de pesos a Agrodesarrollo Soluciones SAS, para pequeños productores pecuarios, que hacen parte del programa de mejoramiento genético bovino, que busca cambiar el modelo de producción de las fincas.
Adicional a esto, le pregunté sobre la ejecución del proyecto de agricultura campesina, familiar y comunitaria, para mujeres indígenas celebrado con TRL Suministros SAS, por $81 millones de pesos, para la compra de materiales como: bolsas de cemento, tejas y bloques, cerdos, bultos de alimento concentrado, queso costeño y pescados de especie pargo, robalo y sierra; pero no hubo respuesta.
Con esa postura, Adolfo Pérez Fonseca confirma que no le gusta rendir cuentas, y tampoco entiende que como servidor público está obligado por Ley a hacerlo, pues no está manejando fondos de una empresa privada, ni mucho menos personales.
Su estado de permanecer inmutable ante las revelaciones de este medio reafirma aquel viejo refrán que dice: el que calla, otorga.
Artículo de Opinión de Christiam Zabaleta para Pluralidad Z.
