El secretario del Interior, Bruno Hernández Ramos, presentó su informe de gestión el pasado, 18 de octubre ante el Concejo Distrital de Cartagena.
En su intervención mencionó que, hasta el 15 de septiembre de 2025, la ejecución global del presupuesto de la Secretaría del Interior era del 28,05% lo que representa unos $39.218 millones de pesos, con una proyección de alcance del 58% cuando finalice el año.
En funcionamiento había gastado $8.522 millones, lo que en porcentaje sería un 91,81% mientras que en inversión el 23,52% es decir, $30.695 millones, para un total de $39.218 millones de pesos.
Hernández aclaró que la baja ejecución del presupuesto de inversión obedece a que no tiene delegación contractual, pero indicó que hay entre 15 y 17 procesos listos, para publicar y adjudicar, entre los que destacó la construcción de nuevas casas de justicia y la entrega de la casa de acogida, para víctimas y sobrevivientes de trata de personas.
«Durante el primer semestre del año nos dedicamos a organizar y planificar los proyectos del Fondo de Seguridad Territorial (FONSET) que, presentan los organismos de Fuerza Pública — Policía, Armada, Fiscalía —», añadió.
La apropiación total de la Secretaría del Interior durante esta vigencia fue de $139.817 millones de pesos.
Seguridad, el talón de Aquiles
En agosto se registraron 44 homicidios, convirtiéndose hasta ahora en el mes más violento del año; en septiembre ocurrieron 23; en octubre 24; y noviembre cerró con 29 asesinatos.
La racha constante y creciente de sicariatos demuestra el fracaso del publicitado plan de seguridad integral «Titán 24» que, el entonces candidato a la Alcaldía de Cartagena, Dumek Turbay Paz vendía al electorado como la fórmula mágica, para acabar con la ola de crímenes que, azotaba a la ciudad en ese momento y que era su blanco de críticas contra la administración de turno.
Este programa les devolvería la tranquilidad a los ciudadanos, pues consistía en un trabajo articulado entre los organismos de seguridad del Estado, a través de la dotación de equipos tecnológicos, para operaciones contra el crimen organizado, la delincuencia común y las estructuras del narcotráfico que, se disputan el control territorial, para expandir su negocio ilícito.
En el mes de octubre, el alcalde Turbay contó con el respaldo del Gobierno nacional, para hacerle frente a la inseguridad en la ciudad.
Por una parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti entregó 33 vehículos nuevos a la Policía Nacional en un evento realizado en la Plaza de la Aduana; por otra parte, a finales de ese mismo mes recibió la visita del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para un Consejo de Seguridad que, se realizó en la base naval en Bocagrande, donde se tomaron decisiones para el fortalecimiento de la seguridad mediante un plan de desarme y el despliegue de patrullajes de la Infantería de Marina en barrios con mayores índices de hurtos y sicariatos.
Sin embargo, hasta principios de noviembre se contabilizaron 297 casos de homicidios ocurridos durante este año, a pesar de las inversiones millonarias y esfuerzos institucionales, aún no se logra visibilizar resultados contundentes en materia de seguridad.
Víctimas del conflicto armado en la cuerda floja
El programa de asistencia, atención y reparación efectiva e integral a las víctimas del conflicto armado contó con un presupuesto de $1.000 millones de pesos.
La Fundación para el Progreso Bienestar Social y Desarrollo Sostenible (FUNPROBIDES), es la contratista en la prestación del servicio de albergue temporal a las víctimas del conflicto armado en el Distrito de Cartagena, por $399. 908.544.
El secretario Hernández afirmó que este programa a pesar de tener 19 metas y poco presupuesto logra cumplir con sus compromisos del Plan de Desarrollo, entre los que se resaltan: 223 víctimas recibieron atención psicosocial, 19 víctimas alojadas en el albergue, 79 personas recibieron ayuda económica como medida humanitaria conforme a lo establecido en la Ley, y también se entregó incentivos técnicos y logísticos a los 22 integrantes de la Mesa Distrital de Víctimas, con el fin de garantizar su participación efectiva.
Jóvenes en situación de riesgo social, otra deuda pendiente
El 11 de noviembre, Día de la Independencia de Cartagena asesinaron a Richard David Tobías Díaz de 20 años, en medio de una riña en el barrio Villas de Aranjuez; dos días después balearon a John Frank Pedroza Parra de 26 años en Torres de Bicentenario, ambos tenían en común que, pertenecían al grupo de jóvenes en situación de riesgo social.
Este programa tuvo una apropiación de $2.700 millones de pesos; para atenciones psicosociales en la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, la resolución pacífica de conflictos y vinculaciones a programas educativos.
Pluralidad Z conoció que desde la Secretaría del Interior en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se han desarrollado procesos formativos en cursos de soldadura, carpintería, procesamiento de alimentos, hotelería y turismo con jóvenes de Boston, La Boquilla, Olaya, Ceballos, Villa Hermosa, Zaragocilla, Piedra de Bolívar, La Esperanza, San José de Los Campanos, entre otros.
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Casas de Justicia, Comisarías de Familia e Inspecciones de Policía, a paso lento
Este programa le asignaron un presupuesto de 33.239 millones durante esta vigencia.
La Alcaldía de Cartagena licita por $29.915 millones la construcción de dos nuevas casas de justicia que, estarán ubicadas en los corregimientos de Bayunca y Pasacaballos.
El proyecto se desarrollará en dos etapas. La primera corresponde a los estudios y diseños por $1.896 millones; y la segunda será la ejecución de la obra por $28.018 millones.
«Estas infraestructuras funcionarán como centros de atención integral donde prestarán sus servicios a la ciudadanía la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y Comisarías de Familia, entidades dedicadas a la orientación y resolución de conflictos, para garantizar el acceso a la justicia con calidad y oportunidad en el Distrito de Cartagena», según el secretario del Interior.
Este medio conoció que el programa de «Derechos humanos para la vida digna», este año, contó con $1.600 millones; y se prevé la entrega de la casa de acogida, para víctimas y sobrevivientes de la trata de personas y mendicidad forzada.
Para la promoción de los derechos del sector religioso, conciencia y paz se contrató a Uruz Logistics por $126.000.000, en el marco del proyecto de inversión denominado «Generación de una cultura de prevención, promoción y protección de los derechos humanos con enfoque diferencial y de género».
Artículo de Nación de Christiam Zabaleta para Pluralidad Z.
