A través de un comunicado del 15 de junio de 2022, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solicitó audiencia para imputar cargos al gobernador del departamento del cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco (primo hermano del esposo de Vicky Dávila), por los delitos de contrato sin el lleno de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
“La Fiscalía imputará al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por su presunta responsabilidad en irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en 2015.”, dice la publicación de la Fiscalía General de la Nación.
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Los delitos que se le endilgan al gobernador del Cesar datan de su primer periodo de gobierno durante los años 2012 al 2015, cuando participó de las irregularidades, al firmar el contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
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Cabe recordar que el gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco se encuentra suspendido y en casa por cárcel en medio de una investigación por irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), de más de $17 mil millones.
Esta nueva imputación se da exactamente el mismo día en que le fue negada, por el Tribunal de Bogotá, la libertad solicitada por la defensa del gobernador del Cesar.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, todas las pruebas que están en su poder señalan que el gobernador del Cesar, entre los años 2012 y 2015, participó en irregularidades en la firma del contrato de este programa, favoreciendo a terceros con contratos presuntamente asignados a dedo por un valor superior a $2.900 millones de pesos.
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A juicio del Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), este actuar del gobernador Monsalvo Gnecco dio lugar a una nueva imputación de cargos en su contra debido a la apropiación indebida de dineros públicos a favor de terceros, generando un daño al patrimonio del Estado.
Además de esto, para el fiscal es bien claro que la administración departamental, en cabeza del gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, no realizó seguimiento alguno que condujera a controlar la ejecución del contrato, vulnerando así, los derechos de los estudiantes de los colegios públicos del departamento.
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