Una nueva controversia tributaria se gesta en la capital del país. La administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha puesto sobre la mesa un «Proyecto de Acuerdo» que busca establecer un impuesto al alumbrado público, una medida que ha encendido las alarmas en el sector empresarial y ha generado una fuerte reacción por parte de figuras de la oposición en el Concejo de Bogotá.
La propuesta, que pretende optimizar el recaudo para garantizar la «competitividad, la inversión y la generación de empleo en Bogotá D.C.», contempla una tarifa diferencial que impactaría de manera directa a miles de establecimientos. Mientras que los estratos residenciales más bajos quedarían exentos, los comercios e industrias de la ciudad enfrentarían una tarifa fija del 10% sobre el valor de su consumo mensual de energía eléctrica.
¿En qué consiste el polémico impuesto al alumbrado público?
El documento oficial del proyecto detalla con claridad la estructura del nuevo gravamen. Según el Artículo 15 del borrador, las tarifas se aplicarían de la siguiente manera: los estratos residenciales 1, 2 y 3 tendrían una tarifa del 0%, el estrato 4 pagaría un 5%, el 5 un 7% y el estrato 6 un 8%.
Sin embargo, el punto más álgido de la propuesta es la tarifa unificada del 10% para los sectores comercial, industrial y oficial.
El Artículo 14 establece que la base para calcular este impuesto será el «valor determinado mensualmente por concepto del consumo de energía eléctrica en la factura de ese servicio público domiciliario».
El recaudo, de acuerdo con el Artículo 17, se destinará de forma exclusiva a la «prestación, mejora, modernización y ampliación de la prestación del servicio de alumbrado público», un objetivo necesario para la ciudad pero cuyo método de financiación ya genera un intenso debate sobre quién debe asumir la carga.
La advertencia de Daniel Briceño sobre un «golpe» a la economía local
Uno de los primeros en alzar la voz fue el concejal Daniel F. Briceño, quien calificó la iniciativa como un error y lanzó una seria advertencia sobre sus posibles consecuencias. A través de sus redes sociales, Briceño fue contundente: «Se equivoca el alcalde Galán al querer ponerle impuesto del 10% al alumbrado público a todos los comercios en Bogotá».
Para el concejal, el problema no es solo la creación de un nuevo tributo distrital, sino el momento y la combinación con el panorama fiscal nacional. Briceño señaló que esta medida, sumada a la reforma tributaria que el gobierno del presidente Gustavo Petro podría radicar a nivel nacional, representaría un «golpe» severo para la totalidad de los comercios capitalinos.
La preocupación expresada por Briceño refleja el temor de muchos empresarios, pequeños y medianos, que verían aumentada su carga fiscal desde dos frentes: el distrital y el nacional. La aprobación de este impuesto en Bogotá podría sentar un precedente y sumarse a los costos operativos que ya enfrentan los negocios en un entorno económico complejo.
La combinación de una reforma tributaria distrital con una eventual reforma a nivel nacional crea un escenario de incertidumbre que, según los críticos, podría desincentivar la inversión y afectar la competitividad de las empresas bogotanas.
El debate apenas comienza en el Concejo de la ciudad, pero la propuesta ya ha delineado un claro punto de tensión entre la necesidad de financiación de la Alcaldía y la salud financiera del tejido empresarial de la capital. La discusión se centrará en si este es el camino adecuado para modernizar el alumbrado de Bogotá o si, por el contrario, representa una carga insostenible para quienes dinamizan la economía local.
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