El Ministerio de Agricultura anunció avances en la lucha para fortalecer el sector arrocero frente al contrabando, una problemática que ha afectado la rentabilidad de los productores nacionales.
En 13 operativos fronterizos realizados junto con la DIAN y autoridades de países vecinos, se incautaron cargas de arroz por un valor de 235 millones de pesos.
Apoyos y control para el sector arrocero
Esta información fue presentada en una mesa técnica con representantes de Dignidades Agropecuarias y líderes arroceros de Meta, Casanare y Arauca.
La reunión se enmarca en el seguimiento al acuerdo que permitió levantar el paro arrocero en marzo de 2025 y se establecieron nuevas acciones para el sector arrocero.
Durante los operativos en la frontera, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reportó 21 decomisos de arroz realizados en colaboración con autoridades de países vecinos.
La Comisión Intersectorial de Lucha Contra el Contrabando destacó estos resultados como parte de la estrategia para proteger la producción nacional del ingreso ilegal que afecta los precios del mercado.
En la mesa técnica, se acordó que los productores de Meta, Casanare y Arauca deben registrar su intención de siembra para el segundo semestre del año a través del aplicativo del ICA o en las seccionales regionales.
Este registro es fundamental para activar políticas que eviten la sobreproducción y protejan la rentabilidad del sector arrocero.
Nuevos apoyos económicos para productores
El Gobierno aprobó un Programa de Apoyo para el Acceso a Insumos Agropecuarios con una inversión de 7.000 millones de pesos, dirigido a pequeños y medianos productores de arroz. Este programa cubrirá zonas como Costa Norte, Bajo Cauca, Zona Centro, Santanderes y Llanos.
También se fortalecen los instrumentos financieros para la gestión de riesgos agrícolas, como el Incentivo Integral para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (IIGRA) y el Fondo de Solidaridad Agropecuaria (Fonsa), que ofrecen alivio financiero ante emergencias climáticas o fitosanitarias.
Estas medidas buscan consolidar un sector arrocero competitivo, sostenible y protegido frente a las amenazas del contrabando y los riesgos productivos.
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