El Ministerio de Transporte emitió este 12 de enero de 2026 un comunicado oficial donde expresa su firme postura frente al reciente ajuste en el pasaje de TransMilenio.
La cartera nacional cuestiona que el alza decretada para el sistema de transporte masivo de Bogotá no cuenta, de momento, con una justificación técnica que soporte un impacto tan directo en el bolsillo de los ciudadanos.
Un incremento que supera la inflación proyectada
El punto central de la controversia radica en que el ajuste de $350 representa un aumento tarifario del 10,9%.
Según el Ministerio, esta cifra supera el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual funciona tradicionalmente como el referente principal para los análisis de precios en el transporte público urbano.
Además, el Gobierno Nacional enfatizó que el incremento del salario mínimo vital no debe utilizarse como la única razón para elevar el costo del pasaje. Si bien los costos laborales influyen en la operación, el Ministerio sostiene que estos representan solo una de las múltiples variables estructurales que conforman el sistema.
Por consiguiente, el aumento de un solo factor no habilita un traslado inmediato y total a la tarifa final sin un respaldo técnico riguroso.
A pesar de que la ley otorga a los entes territoriales la facultad para fijar las tarifas de transporte basándose en sus propios estudios, el Ministerio de Transporte recordó que posee la competencia técnica para pronunciarse sobre la razonabilidad de estos cambios.
Te gustaría: Metro de Bogotá rodó por primera vez: así fueron las pruebas técnicas del primer tren.
Esta intervención se fundamenta especialmente cuando los incrementos generan un impacto significativo en la sostenibilidad del sistema y en el bienestar de los usuarios.
El Gobierno Nacional resalta su papel como cofinanciador histórico de la infraestructura troncal de TransMilenio.
Actualmente, esta relación se fortalece con el reciente convenio de cofinanciación para la flota eléctrica en Bogotá y su extensión hacia Soacha. Aunque dicho acuerdo no define directamente la tarifa, sí tiene repercusiones futuras en el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).
Por esta razón, el Ministerio exige que las decisiones se tomen de manera técnica y fiscalmente responsable.
Para garantizar la protección del interés general, el Ministerio de Transporte, en conjunto con la Superintendencia de Transporte, tomará acciones inmediatas.
Las autoridades solicitarán formalmente a TransMilenio S.A. un desglose detallado del análisis técnico que justifica el porcentaje del 10,9%.
Este análisis deberá diferenciar claramente los siguientes componentes, Costos asociados directamente al IPC, Impacto real del salario mínimo en la operación, Eficiencia operativa y gestión contractual y Mecanismos de compensación, subsidios e impacto en la demanda.
El Ministerio busca asegurar que el ajuste no sea arbitrario y que se mantenga el equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema y la capacidad de pago de los bogotanos.
Redacción Nación Pluralidad Z.
