El Partido Político de oposición, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, habría denunciado, el pasado lunes 30 de noviembre, la muerte de Anuar Vargas, el excombatiente número 244. Fue asesinado en Maicao, departamento de La Guajira.
Luego de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno colombiano, en cabeza del expresidente Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, en La Habana, Colombia se enfrentaba a la esperanzadora noticia de la finalización del conflicto.
Conflicto que ha cobrado la sangre y la vida de millones de ciudadanos a lo largo del territorio nacional.
Sin embargo, lejos de la seguridad que se prometió y se firmó en el Acuerdo, los excombatientes denuncian que están siendo víctimas de la falta de voluntad política del actual gobierno de Iván Duque, para la implementación de lo firmado en Cuba.
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El presidente Duque, quien fue el candidato del uribismo para las elecciones presidenciales de 2018, ha sido, junto a Álvaro Uribe Vélez y la bancada del Centro Democrático, los mayores críticos de los Acuerdos y de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP.
Argumentando que se trata de un Acuerdo de impunidad que no garantiza la reparación a las víctimas.
El gobierno ha manifestado su deseo de reformar los Acuerdos, e incluso, como lo llaman los senadores de oposición, “hacer trizas la paz”, y no ha propendido por el cumplimiento de los Acuerdos en el país.
Tal indiferencia se ha visto reflejada, en la muerte de 244 excombatientes que firmaron la Paz en 2018.
El Partido FARC asegura que la falta de garantías y la incapacidad de garantizar la protección del Estado para los firmantes de los Acuerdos tiene una responsabilidad mayúscula del gobierno nacional.
El asesinato de los exguerrilleros se suma también a las alarmantes cifras de homicidios sistemáticos de líderes sociales y ambientales en el país.
En su mayoría, líderes y dirigentes de campañas de oposición.
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