En el marco del escándalo de Centros Poblados, algunos condenados están cerca de cumplir sus condenas, mientras que la recuperación de los $70.000 millones de pesos involucrados en el contrato que dejó a miles de niños sin acceso a internet sigue siendo una tarea pendiente.
Es importante señalar que el escándalo está relacionado con el contrato de aporte 1043 de 2020, otorgado a la Unión Temporal (UT) Centros Poblados 2020. Este contrato, por un monto superior a un billón de pesos, tenía como objetivo la instalación de 7.277 centros digitales.
¿involucrados devolverán los 70.000 millones de pesos?
Los contratistas recibieron un anticipo de $70.000 millones de pesos, una suma que habrían malversado antes de la finalización anticipada del acuerdo.
El principal protagonista de este escándalo, Emilio Tapia, conocido por su implicación en el carrusel de la contratación, se enfrenta a un juicio por peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica.
A pesar de sus intentos de negociar con la Fiscalía, ofreciendo un inmueble en Antioquia, su propuesta no logró recuperar la millonaria suma perdida. Tapia permanece detenido y, además, debió pagar 2.500 millones de pesos como parte de su responsabilidad.
Los únicos condenados hasta el momento son Juan José Laverde y Luis Fernando Duque, quienes aceptaron su culpabilidad y fueron sentenciados a cuatro años de prisión.
Laverde, encargado de tramitar pólizas falsas, deberá reintegrar 286 millones de pesos, mientras que Duque, representante de la unión temporal, enfrentará una multa de 7 mil millones de pesos.
Aunque la veeduría de la Rama Judicial en Cartagena presentó una denuncia contra la exministra de las TIC, Karen Abudinen, el avance en su caso ha sido limitado. Abudinen ha defendido su inocencia, argumentando desconocimiento sobre el contrato.
El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, confirmó que solo se han recuperado 2 mil millones de pesos de la suma total. A pesar de las acciones legales en curso, la recuperación de los fondos perdidos sigue siendo insuficiente.
La procuradora Margarita Cabello Blanco anunció la presentación de una tutela para establecer medidas cautelares que busquen asegurar la recuperación de los 70 mil millones de pesos del escándalo.
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