El proyecto de Ley 010 de 2020 de reforma a la salud, radicado el 20 de julio de 2020, supuestamente tiene como objetivo garantizar el derecho fundamental a la salud y la sostenibilidad del sistema.
Si bien ese es el propósito de la norma, en la práctica lo que se puede apreciar es una vulneración al derecho fundamental a la salud y a la vida de todos los colombianos, consagrado en la Constitución Política de 1991.
La norma en realidad generará un detrimento del derecho fundamental, en favor de la rentabilidad financiera de aseguradores y prestadores de salud.
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Lo que en verdad significa el proyecto de Ley 010 de 2020
Con esta ley se dará una mayor privatización, profundizando el modelo de mercado y los indicadores financieros; ya que multinacionales podrán controlar la salud pública, pues tendrán autoridad para poner los precios según las reglas del mercado.
El proyecto no contiene cambios significativos que mejoren las condiciones de los trabajadores de la salud; no mejora el acceso a los servicios de salud, ni la condición financiera de clínicas y hospitales.
Otro asunto polémico es que, el usuario tendrá el deber del autocuidado, esto significa que, si la EPS argumenta que “no se cuidó”, el usuario deberá pagar por su atención. Además, si hay un incumplimiento en las citas médicas, este se reflejará en unas cuotas moderadoras.
El proyecto pretende implementar modelos privatizadores en la red de hospitales públicos. Con esta norma se acabará con el hospital cancerológico, al parecer con la intención de cederle el negocio a la nueva clínica oncológica de Sarmiento Angulo, la cual solo atenderá quien pueda pagar la atención.
En suma, el articulado en cuestión no resuelve la profunda crisis de la salud en el sistema actual. Ante este panorama, no se puede omitir que 1 millón de personas han muerto, por falta de atención; pues existe una prevalencia de la libertad económica sobre el derecho fundamental a la salud, lo cual es una razón de su ineficacia.
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