El gobierno nacional, a través del ministro de Justicia, Andrés Idárraga, anunció que emprenderá acciones jurídicas contra los gobernadores que se nieguen a acatar los decretos expedidos por el presidente Gustavo Petro, en el marco de la emergencia económica.
Esto luego de que algunos gobernadores, 17 en específico, decidieran no atacar la decisión del gobierno.
Gobierno sancionaría a gobernadores que no acaten decreto de emergencia económica
Desde el pasado 22 de diciembre, que fue emitido el decreto de emergencia económica en el país, un grupo de gobernadores estudia todos los instrumentos jurídicos posibles para poder frenar el decreto emitido por el gobierno, luego del hundimiento del proyecto de Reforma Tributaria en el Congreso.
Los mandatarios regionales de Amazonas, Antioquia, Atlántico, Caldas, Caquetá, Chocó, Guainía, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Tolima y Valle del Cauca, asociados con la Federación Nacional de Departamentos, anunciaron en la tarde del pasado jueves 15 de enero, que no solo están en desacuerdo con la emergencia económica decretada por el Gobierno central, sino que se niegan a aplicar el decreto que aumenta los impuestos a los licores y a los cigarrillos.
Idárraga declaró que, dependiendo de los actos administrativos que expida cada gobernación para materializar esa decisión, el Gobierno evaluará las acciones legales correspondientes.
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Según las declaraciones del ministro Idárraga, el anuncio por parte de los gobernadores de no respetar los decretos constituye un «exabrupto jurídico». Y reiteró que «el orden constitucional es de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades, sin excepción».
Cabe aclarar que los gobernadores no tendrían competencias suficientes para cuestionar la validez de los decretos de emergencias, porque dicha función es exclusiva de la Corte Constitucional.
«El respeto por la Constitución no es opcional. El Gobierno seguirá actuando dentro de la Constitución y la hará valer en todos los escenarios que sean necesarios», afirmó el alto funcionario.
El ministerio Idárraga insistió en que el Gobierno nacional actuará por las vías institucionales y legales para garantizar el respeto a la Constitución, la seguridad jurídica y la correcta aplicación de las decisiones adoptadas por la emergencia económica.
Otros pronunciamientos
Por su parte, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) anunció que fue radicada ante la Corte Constitucional una coadyuvancia a la solicitud de medida cautelar presentada por la Alcaldía de Medellín.
En ella se solicita la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025, que declaró el estado de emergencia económica y social. Debido a que la entidad considera que las razones expuestas por el Gobierno no cumplen con los requisitos de sobreviniencia, imprevisibilidad y gravedad.
Asimismo, la Federación Nacional de Departamentos (FND) se pronunció; a través de un comunicado, señaló que demandará la propuesta gubernamental al considerar que hay un «riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte».
La FND está buscando por vía legal frenar el Decreto 1474 de 2025 lo más pronto que se pueda, «lo referente al aumento del impuesto al consumo y el incremento al IVA del 5 % al 19 %, mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre la constitucionalidad del decreto que declaró el estado de emergencia».
#ATENCIÓN | El ministro de Justicia (e), @Aidarragaf, confirmó que el decreto de emergencia económica se tiene que aplicar y desde el Gobierno del presidente @petrogustavo se desprenderán las acciones jurídicas necesarias para quienes lleven a cabo acciones administrativas… pic.twitter.com/vmPQ5SNQbn
— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) January 15, 2026
Redacción Nación Pluralidad Z.
