La periodista Camila Zuluaga expuso una alarmante modalidad de estafa carcelaria tras entrevistar en vivo a un recluso que intentó suplantar su identidad. El delincuente, quien inicialmente se hizo pasar por un funcionario de Meta (la empresa propiedad de WhatsApp) para obtener el código de acceso a su cuenta, terminó confesando que opera desde un centro penitenciario.
Así como le ocurrió a la periodista, usted también puede caer en estas estafas desde las cárceles colombianas, donde los delincuentes utilizan el ingenio y la presión psicológica para vaciar cuentas de ahorros y robar datos personales de miles de personas.
El modus operandi de los call centers en las prisiones de Colombia
Durante la conversación, el estafador reveló que no actúa solo, sino que forma parte de una red estructurada que funciona de manera similar a un centro de llamadas.
Según el testimonio del interno, en una sola zona pueden operar cerca de 5,600 personas dedicadas a esta actividad. El delincuente afirmó que «un solo árbol no hace montaña» y explicó que cuentan con especializaciones delictuales para engañar a diferentes perfiles de víctimas.
Los grupos acceden a bases de datos compradas en mercados negros, lo que les permite conocer el nombre exacto de la persona a la que están llamando, aumentando así la credibilidad del engaño.
El recluso, quien cumple una condena por ajuste de cuentas, detalló que sus ingresos son variables y pueden ser significativamente superiores a un salario mínimo.
Un delincuente puede obtener desde $1,000,000 hasta $20,000,000 en cuestión de minutos, dependiendo de su capacidad de convencimiento y la «cartilla» o guion que siguen para manipular a los usuarios.
El dinero estafado suele ser utilizado para costear lujos y alimentos dentro del penal, donde un almuerzo de calle que normalmente cuesta $20,000 puede llegar a valer hasta $250,000 debido a la economía interna de las prisiones.
La confesión también salpicó la gestión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). El director de la entidad, el coronel Daniel Gutiérrez Rojas, admitió que estas prácticas persisten debido a la existencia de funcionarios corruptos que permiten el ingreso de teléfonos celulares a las celdas.
A pesar de que las cifras oficiales indican la incautación de más de 15,000 dispositivos móviles entre agosto de 2023 y diciembre de 2025, los inhibidores de señal no están cumpliendo su función, permitiendo que los reos mantengan comunicación constante con el exterior.
Para evitar ser víctima, se recomienda activar la verificación en dos pasos en WhatsApp y nunca entregar códigos recibidos por mensaje de texto. En caso de que la cuenta sea vulnerada, el usuario debe desinstalar y reinstalar la aplicación inmediatamente para recuperar el control de su línea mediante el código SMS original.
Redacción Nación Pluralidad Z.
