El Pacto Histórico ha iniciado en el Caribe colombiano la actividad del grupo jurídico de persecución contra los compradores de votos en la región en cabeza del abogado Miguel Ángel Del Río Malo, con el fin de enfrentar la compra de votos y enviar a los responsables a prisión a través del acompañamiento incluso de la Fiscalía. Irán a la cárcel Julio Gerlein, Laureano Acuña y Alejandro Char: Miguel Ángel del Río.
“Federico no compre votos porque ya el Dr. Miguel Ángel Del Rio fue designado por Gustavo Petro para ponerle freno a esta práctica tan reiterada en el uribismo. Esta vez no harán lo mismo que con la Ñeñepolítica, esta vez los estamos vigilando, ¡tramposos!”, señaló un ciudadano sobre la labor del reconocido abogado.
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De acuerdo con el abogado Del Rio, la necesidad de esta actividad tiene su origen, gracias a las declaraciones de Aída Merlano, las denuncias contra el “Gato volador”, Laureano Acuña, y las denuncias contra Alejandro Char, todo en contra de la práctica de compra de votos por estos personajes de la política de la Costa Atlántica.
Sin embargo, se ha generado una polémica en torno al tema, porque se está manejando la hipótesis de que el Pacto Histórico está infiltrando la campaña de Federico Gutiérrez, con el afán de encontrar elementos que les permitan desprestigiar su campaña presidencial.
Aunque esta hipótesis ha sido negada por el abogado Del Río, algunos medios y Luis Felipe Henao, jefe de debate de la campaña de Federico Gutiérrez, aseguran que el abogado Del Río está infiltrando ilegalmente la campaña de este candidato.
El abogado Del Río asegura enfáticamente que, dicha hipótesis solo demuestra «la guerra sucia» en contra de la campaña de Gustavo Petro, ya que este, de acuerdo con las últimas encuestas, se ha mantenido arriba en la intención de votos de los colombianos.
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Lo cierto es que el momento político que vive Colombia, obliga a las campañas a blindarse contra cualquier posibilidad de fraude, que le dé ventaja en votos a la campaña del oponente.
Cabe recordar que, en la Costa Caribe la compra de votos se ha constituido en una mafia bien estructurada que está conformada por los gamonales o caciques políticos, algunos jurados de votación y algunos funcionarios de la Registraduría que venden las mesas para que se pueda cometer fraude.
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