Colombia siempre ha sufrido con la ineficiencia en el sistema judicial, pues presenta un alto nivel de impunidad. Un ejemplo crudo es lo que está sucediendo en la actualidad: mientras Epa Colombia fue judicializada; Andrés Escobar sigue libre, sin ningún tipo de condena.
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Daneydi Barrera, más conocida como Epa Colombia, fue sentenciada por destruir una estación de Transmilenio durante el Paro Nacional.
En su momento, la influenciadora aseguró que, lo que buscaba la Fiscalía y la empresa de Transmilenio, era ponerle una medida de seguridad de ‘casa por cárcel’, o bien llevarla a prisión.
Incluso, solo se salvó de portar el brazalete electrónico que deben usar las personas en libertad condicional, por la pandemia de la Covid-19.
A diferencia de Andrés Escobar, quien atentó contra la vida de varios manifestantes, por haber disparado de manera indiscriminada en el barrio Ciudad Jardín en la capital del Valle del Cauca, en el marco de las protestas del paro nacional. Este hecho contó con la complicidad de la fuerza pública.
A pesar que Escobar admitió que se encontraba con un arma intimidando a los manifestantes; la Policía Nacional de Colombia no se ha pronunciado, ni tampoco ha detenido a este sujeto.
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Las falencias del sistema judicial en Colombia
El sistema judicial presenta un alto nivel de impunidad. Así se ve reflejado en el Índice global de Impunidad (IGI); según el cual en 2019 el 57% de los departamentos tenía un alto nivel de impunidad y apenas el 9% un nivel bajo.
A su vez, existe una gran congestión y demora de las condenas. La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ); estableció que para el 31 de diciembre de 2019 había cerca de 1,8 millones de procesos que no avanzaban en los despachos judiciales.
A esto se le suma que, hay un gran número de casos por corrupción de jueces y magistrados. Según el Consejo Superior de la Judicatura, para diciembre del 2017 había 2280 procesos contra funcionarios judiciales.
No es de extrañar que exista una desconfianza ante el sistema judicial: la falta de acceso judicial efectivo; la tardía resolución de los conflictos; la falta de disponibilidad de representación jurídica; y el desconocimiento de los ciudadanos de sus propios derechos.
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