Colombia se ha convertido en escenario de exterminio sistemático y amenazas a líderes sociales y ambientales a lo largo del territorio nacional, sobre todo, durante los últimos años del gobierno de Iván Duque Márquez.
“Son líderes que han acudido a todas las instituciones del estado y les han negado la protección”, denunció el activista político exiliado en Estados Unidos, Beto Coral.
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En Colombia, un país que viene en conflicto desde hace más de 50 años, la nueva ola de violencia parece haberse enfocado en los líderes y lideresas que trabajan por la conservación de los recursos naturales y que exigen justicia para los más vulnerables y olvidados.
Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, se esperaba que algunos territorios considerados altamente violentos finalmente fuesen un sitio tranquilo para la permanencia de los colombianos.
Sin embargo, con la poca implementación del acuerdo, ha revivido el fenómeno del paramilitarismo, disidencias de las FARC se han rebelado contra lo acordado, y otros grupos armados y criminales al margen de la ley continúan utilizando la violencia para financiarse.
Algunos, incluso, se debaten las rutas del narcotráfico sin importar las masacres ni el desplazamiento forzado de las comunidades locales.
Durante los últimos años, la cifra de líderes asesinados es alarmante, y la cifra de los amenazados lo es aún más.
Incluso, activistas políticos, sociales, opinadores en redes y creadores de contenido han sido amenazados de muerte en varias ocasiones con el propósito de silenciarlos.
Tras acudir a las autoridades para que se les brinde protección tras las constantes amenazas, el gobierno no responde ni les da garantías de seguridad, por lo que muchos han tenido que exiliarse con recursos propios.
Así lo denunció Beto Coral haciendo referencia al caso de Yuli Berrío, la líder social cuya solicitud de medidas cautelares y de cinco líderes más, fue presentada ante la CIDH.
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