Se ha convertido en algo normal en un país como Colombia, “dar la orden” para acabar con la vida de algún ciudadano que, cumpliendo su deber cívico, denuncia a los delincuentes que cometen un delito condenado por las leyes del país. Tal es el caso de Miguel Ángel del Río, que fue amenazado de muerte por los clanes del Atlántico. Los corruptos le tienen miedo a Miguel Ángel Del Río como Fiscal General de la Nación.
“Según información recibida el día de ayer existe una orden para asesinarme por parte de las mafias políticas del Atlántico, miembros activos de la policía nacional y delincuencia organizada, espero que tengan buena puntería porque cada uno de ustedes terminará en la cárcel”, señaló el abogado.
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Ya se dio lo que se esperaba, lo que todo mundo sabía que estaba en mora de suceder, alguien “dio la orden” de asesinar al abogado Miguel Ángel Del Río, así lo denunció el jurista; y lo más serio del asunto es que presuntamente miembros activos de la policía están involucrados.
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En los últimos días, el abogado ha venido denunciando la compra y venta de votos que se está dando en el departamento del Atlántico, donde están vinculados importantes personajes de la política en esta región: el clan de los Char, los Gerlein, el senador de la República Laureano Acuña, entre otros.
De este último el abogado publicó unos audios donde se develan la forma y la necesidad de comprar votos para asegurar su reelección y a la fecha ni el partido Conservador de quien es miembro, ni el Senado donde este político funge como presidente del Comité de Ética, se han pronunciado.
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El abogado denuncia que Laureano Acuña, conocido como el “gato volador”, ha ordenado su muerte, y la familia Char es quien financia el pago; para cometer el ilícito, habrían contactado a los hermanos Vega quienes, según el informante, controlan los actos de sicariato en la zona norte de la ciudad de Barranquilla.
El informante afirma que los Vega gobiernan a la policía del norte de la ciudad, en cabeza del mayor Mora, quien facilita los sicariatos en esa zona Barranquilla, utilizando como fachada una empresa de seguridad, que es más bien una organización criminal que tendría en su haber algunos asesinatos en la ciudad.
Los ciudadanos respondieron con indignación e impotencia ante tal denuncia, temiendo por el enorme poder que tienen estas familias en el Atlántico y lamentando que las autoridades no hagan nada para contrarrestar estos delitos.
