En su último día hábil, Iván Duque, adjudicó el contrato del megaproyecto 5G Buga – Buenaventura a Sacyr Concesiones Colombia S.A.S., un corredor que la comunidad de Valle del Cauca ha esperado por muchos años. Luis Carlos Sarmiento Angulo agradece al Meta por pagar sus peajes.
La adjudicación del contrato se da en medio de la polémica por el aplazamiento para la licitación del Canal del Dique, para el próximo 12 de agosto y, por ende, se realizará en el nuevo Gobierno.
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Lo curioso es que Sacyr era el único oferente en el proyecto del Canal del Dique, pero la Contraloría General de la República manifestó cuestionamientos frente a su capacidad para atender el billonario contrato.
El objetivo de la obra es mejorar la conexión entre el principal puerto en la zona pacífica y los centros productivos del interior del país. El megaproyecto tendrá una inversión de $4,05 billones de los cuales $2,21 billones serán en obra y $1,84 billones en operación y mantenimiento.
A su vez, tendrá una longitud concesionada de 128 kilómetros. Según datos del Gobierno, con la ejecución de estos recursos se espera que se generen más de 66.000 empleos.
Por otra parte, la gobernadora Clara Luz Roldán, aseguró: “En la Audiencia Pública de Adjudicación realizada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se presentaron las propuestas de dos concesionarios, que fue ganada por la firma Sacyr Concesiones Colombia SAS, la cual obtuvo un mayor puntaje que su competidor, una filial de Corficolombiana”.
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Sacyr Concesiones Colombia S.A.S es una empresa que se ha visto envuelta en diversos líos. En su momento, la Contraloría General de la República citó a Sacyr como presunta responsable fiscal por la deficiente construcción del puente Hisgaura en Santander, el más alto de Colombia. Estas problemáticas se vieron reflejadas en el bolsillo de los contribuyentes colombianos, pues tuvieron que asumir un sobrecosto de 23.000 millones de pesos.
La empresa también tuvo inconvenientes en España, donde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la multó con 16.7 millones de euros, por asociarse ilegalmente para ejecutar prácticas contrarias a la competencia.
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