La empresa venezolana Monómeros atraviesa una nueva crisis luego del vencimiento, en junio, de la licencia emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, que le permitía operar en el sistema comercial y financiero internacional desde Colombia.
Sin esa autorización, y bajo una fuerte vigilancia de las autoridades colombianas, la compañía enfrenta un escenario incierto marcado por la posibilidad de ser privatizada.
Las deudas de Monómeros
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, ha sido claro en que, a pesar del complejo panorama, Monómeros sigue siendo una empresa viable.
«Sabemos de la salud de la empresa día a día, por eso puedo hablar con seguridad de que al día de hoy están cumpliendo sus obligaciones al punto de que todavía no está en causal de liquidación que implique su cierre», afirmó en entrevista con Noticias Uno.
Escobar también explicó que, aunque la compañía contaba con la licencia OFAC, el respaldo bancario internacional nunca fue completo.
«Tenía la licencia, pero la banca internacional no les venía dando apoyo. No obstante, con el trabajo de esa empresa se seguía prestando el servicio. Aspiramos a que ellos sigan siendo parte de esa cadena alimentaria del país», señaló.
Monómeros, que produce fertilizantes clave para la agricultura colombiana, tiene deudas cercanas a un billón de pesos. No obstante, según la Supersociedades, cerca de la mitad de esa cifra corresponde a obligaciones con empresas vinculadas, lo que da margen para pensar en una posible reorganización financiera.
La presión estadounidense sobre el régimen de Nicolás Maduro ha sido un factor determinante. Al parecer, el Departamento del Tesoro decidió no renovar la licencia de Monómeros como parte de su estrategia contra el gobierno venezolano.
Colombia quiere comprar a Monómeros
El presidente Gustavo Petro ha manifestado abiertamente su rechazo a la privatización de Monómeros y en noviembre pasado le envió una carta al presidente Maduro pidiéndole frenar cualquier proceso de venta.
Monómeros fue creada en 1967 por un acuerdo binacional. En 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe vendió la participación de Colombia a Pequiven, filial de la petrolera estatal venezolana.
Durante el mandato de Iván Duque, la administración fue entregada a Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, pero una apelación judicial devolvió el control a Pequiven.
El ministro de Minas, Edwin Palma, viajó hasta Venezuela en julio de 2025 para comenzar las negociaciones ante una eventual compra por parte del Estado colombiano las acciones de la empresa venezolana.
