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Corrupción en Colombia
Corrupción en entidades ambientales colombianas

En el más reciente informe de la Contraloría General se auditaron las Corporaciones más grandes del país, la situaciones se da tras el escándalo desatado por las graves irregularidades detectadas por la CGR en la Corporación para el Canal del Dique – CARDIQUE, por lo que toma la decisión de auditar aquellas que manejaban recursos por casi cuatro billones de pesos para el 2017, se encontraron hallazgos fiscales por cien mil millones de pesos en 10 Corporaciones Autónomas Regionales.

Las irregularidades encontradas muestran una gestión deficiente y pobres resultados en materia de protección ambiental. En las que entra los escándalos en CARDIQUE y  las problemáticas detectadas en la CAR Cundinamarca, así mismo se evidenciaron hallazgos en el megaproyecto Rio Bogotá, PTAR salitre, irregularidades en la CVC, CORTOLIMA, CORPOCESAR, la CRC y la CARDER.

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CAR Cundinamarca

Se detectaron hallazgos fiscales que superan los $100 mil millones, de los cuales $72 mil millones corresponden a la CAR Cundinamarca. La situación es preocupante desde la concentración contractual, hasta las considerables inversiones de esta corporación a las PTARs.

El presupuesto de esta corporación ascendió los 1.3 billones de pesos y el porcentaje de cumplimiento proyecto no supera el 18%. Adicionalmente se encuentran irregularidades en los procesos de contratación si bien se sabe que estos se deben hacer por licitaciones públicas, se evidencio que el 90.1% de las contrataciones realizadas en el periodo 2013 a 2017 fueron por contratación directa.

Por parte de las PTARs de los municipios de Apulo, Facatativá, Madrid y Sesquilé se encontró las obras inconclusas y con retrasos, así mismo problemas en diseños y estudios, lo que preocupa dado que ya existen convenios interadministrativos suscritos con las Alcaldías en las cuales la CAR aportó más del 90% de los recursos requeridos, entonces ¿Que paso con el dinero de esas obras si se vienen realizando hace más de cuatro años?

Sin duda alguna el caso del Megaproyecto Rios Bogotá es el que más preocupa a la CGR, Se determinó irregularidades en obras que han tenido grandes inversiones y que no cumplen con requerimientos técnicos y contractuales, así mismo existe incumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental, mala calidad de agua y olores ofensivos, así como inadecuada disposición de los biosólidos, por parte de la PTAR Canoas, la CAR está entregando los recursos sin la debida planeación y el debido soporte de los costos o sea a la deriva, después arreglamos.

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CASO CVC: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Para la CGR, “es aún más grave y no tiene sustento claro y justificado, el manejo que ha venido dando la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) a los $1,2 billones de pesos, que hace más de dos décadas entregó el Gobierno Nacional para adelantar la ejecución de los proyectos ambientales y el tratamiento del Río Cauca y que en forma permanente se encuentran invertidos en el sistema financiero nacional e internacional” por lo que se pierde la credibilidad de los destinos que toma el presupuesto en materia de mitigación, prevención y control de los problemas ambientales.

La declaración que da la CGV sobre este caso es preocupante ya que reafirma que “es claro que la CVC perdió su horizonte misional al convertirse más en una corporación financiera que busca la generación de rendimientos económicos, descuidando así su objeto social”.

OTRAS CORPORACIONES

Por otra parte en la auditoria adelantada a CORTOLIMA, la CGR encontró́ que se permitió́, la prescripción de cobros coactivos por sanciones impuestas por valor cercano a $1.100 millones y el no cobro de más de $1.300 millones de tasa por uso de agua.

Mientras que con respecto a CORPOCESAR, se evidencio que NO se adelantó́ el cobro de la tasa por uso de agua por valor que ascendió́ a $3.000 millones, por la no expedición de las facturas ni la notificación a los usuarios, completamente absurdo esto.

Y no sobra recordar el grave escándalo protagonizado por la Corporación del Canal del Dique – CARDIQUE, donde se obtuvo cuantiosos hallazgos fiscales formulados por más de $23.000 millones, la  captura a varios altos funcionarios de esa Corporación.

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Tras todas estas irregularidades solo queda plantearse a debatir el alcance de la autonomía de las CAR, son el resultado de la corrupción y deficiente gestión de los entes encargados en sancionar, se está perdiendo la actividad misional de las corporaciones  en la medida que se ha llegado a tener los recursos suficientes para suplir la demanda de problemáticas socio ambientales y aun así se prefiere no dar cumplimiento a los objetivos misionales en pro de la protección ambiental, manejo adecuado de los recursos y el desarrollo sostenible.

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