El pasado 10 de enero del año en curso, el señor presidente de la república Iván Duque Márquez, utilizó una alocución presidencial para objetar seis de ciento cincuenta y nueve  artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz por razones de inconveniencia, que a mi parecer esto no obstaculiza el funcionamiento de la JEP, creo en la separación de poderes, dichas acciones pone en riesgo nuestro estado social de derecho, veo claramente como el jefe de estado  no acata una decisión de la corte constitucional, sino que la objeta.

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La corte constitucional

Las sentencias de la corte constitucional están amparadas en la constitución del 91 y es un organismo perteneciente a la rama judicial del Poder Público, se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política.

Sus funciones, descritas en el artículo 241 de la Constitución, consisten en decidir sobre las demandas de constitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra las leyes, los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno decidir sobre la exequibilidad de los tratados internacionales suscritos por el estado colombiano y de las leyes que los aprueben y revisar las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales prevista en el artículo 86 de la Constitución.

Hoy pienso que es la paz, mañana pueden ser otros temas, otra de las cosas relevantes, considero que el presidente está objetando por razones de inconveniencia y considero que son más alegatos de inconstitucionalidad; medito entonces en los cerca de nueve mil ex combatientes que dejaron sus armas, bajo una serie de condiciones, y que en las zonas de normalización se encuentran cumpliendo lo pactado, creyendo en la palabra del estado.

La creación de la JEP buscaba traer verdad, reparación, perdón y garantías de no repetición. 

Desde mi punto de vista definitivamente se coloca en riesgo el proceso de paz, los puntos objetados, para mí los más importantes son:

  1. Duque presentó sus reparos al artículo 7, porque no determina claramente “la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas”. Él indicó “Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas”. Opino, de acuerdo con lo que dice la constitución del 91 en los artículos transitorios, en cuanto a los combatientes rasos, quien eran amnistiados no tienen que indemnizar, ósea directamente, distinto a los máximos jefes quienes tienen que colocar todo su peculio para indemnizar a las víctimas.
  2. Artículo 19: parágrafo dos

    Este trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables.

    “El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos, todos los esfuerzos para encontrar la justicia y la verdad” dijo Duque.

    Pienso, que al terminar un conflicto, hay que buscar, juzgar y sancionar a los máximos líderes de crímenes atroces, crímenes de guerra, genocidio y de lesa humanidad, para que no se incurra en los errores del pasado como ejemplo, justicia y paz donde, mandos medios fueron condenados por delitos tan superfluos para este caso como, fraude procesal.

    Para el caso de la JEP los altos mandos que digan la verdad, que reparan y reconocen a sus víctimas, serán condenados a de cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad, de lo contrario serán condenados a veinte años de cárcel pura y dura.

  3. Artículo 63: inciso octavo

Según explicó Duque, este artículo no determina el alcance de la competencia atribuida al Alto Comisionado para la Paz quien verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se sometan a un proceso de paz.

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“Quiero dejar claridad en este tema: la tarea de verificar las personas que participan de un proceso de paz debe seguir siendo competencia del Alto Comisionado para la Paz como representante del Presidente de la República. No es conveniente debilitar una atribución que por años ha tenido el Alto Comisionado para la Paz para evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad, incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás”, aclaró Duque.

Creo, que el listado de militantes de guerrillas debe ser exclusivo del alto comisionado de paz, y no se le comparta a la JEP, pero, la corte constitucional dijo, que la competencia era de la JEP, pensando incluso en el pasado donde se colaron en justicia y paz narcotraficantes como, Gordo lindo y El Tuso Sierra por dicha exclusividad.

Para concluir, si usted es el Gobierno, no se puede salir con una objeción en contra de su propia Corte Constitucional. Esa es la base del estado de derecho. El presidente de la República y todo su gobierno están sometidos a la ley.

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Y, si bien la Constitución le otorga la posibilidad al presidente de objetar leyes estatutarias, se trata de hacerlo por razones económicas, sociales o políticas, como dicen las sentencias de la Corte, pero no por las mismas razones que invoca la Corte en sus fallos.

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