El otro virus | Opinión

columna de opinión Simón Rubiños
Simón Rubiños Cea Coordinador del Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial, Paz y Posconflicto (GIDETEPP-UNAL) / Opinión.

La pandemia del COVID-19 ha sumado una nueva y compleja coyuntura al país. Según lo informado por el Instituto Nacional de Salud, al 8 de junio de 2020 Colombia acumula 40.719 casos, de los cuales 1.308 han fallecido. Hasta el momento Bogotá (13.310) y Cartagena (3.922) y Barranquilla (3.490) son las ciudades con más casos y mientras que las dos primeras repiten posición en cuanto a más fallecidos, quedando Cali en tercer lugar (313, 163 y 151 respectivamente).

Si bien la tasa de contagio presenta hasta el momento valores moderados respecto a otros países, la complejidad adicional no recae exclusivamente en el comportamiento que pueda tener el virus sino en que se superpone sobre la conflictividad territorial latente del país, la cual no ha cesado siquiera con la cuarentena y otras medidas adoptadas.

Al observar la situación a nivel territorial, el coronavirus se cruza con una situación estructural que podría catalogarse como un virus anti-paz por parte del Estado producto de la continuidad de la violencia y la desigualdad, junto a la sostenibilidad de una relación centro-periferia que privilegia la centralidad y el modelo económico, atentando de paso contra el medioambiente y las personas que habitan en el territorio, que como conjunto atentan contra la implementación del Acuerdo de Paz.

Respecto a la violencia a nivel territorial, de acuerdo a cifras de Indepaz, entre enero y mayo de 2020, 119 líderes sociales y defensores de los derechos humanos fueron asesinados – 46 en cuarentena–, a quienes se suman 25 firmantes del Acuerdo. Si a estas cifras le agregamos las que van en el periodo entre noviembre de 2016 y diciembre de 2019, 880 líderes y 197 firmantes, en conjunto enteran 1.077 asesinatos relacionados en el país.

¿Qué implica lo anterior?, que en los 96 días desde la identificación del primer caso de coronavirus a comienzos de marzo, la pandemia recién ha superado las muertes producidas post-acuerdo.

Al respecto, las medidas que ha adoptado el gobierno de Iván Duque para la defensa de líderes y movimientos sociales, el Plan de Acción Oportuna, no ha resultado sino que incluso se ha traducido en su persecución y la militarización de los territorios, por lo cual las cifras de violencia y persecución continúan siendo críticas.

Ahora, desde la ratificación a la fecha, las víctimas de la conflictividad territorial mayoritariamente pertenecen a la ruralidad colombiana. De acuerdo a la Misión de Observación Electoral, en enero el 50% de las muertes se produjeron en 10 de las 17 regiones del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), señalando que estas deberían contar con esquemas efectivos de protección colectivos e individuales, situación que a la fecha no ha sido resuelta.

Recordemos que los PDET son uno de los productos acordados en La Habana dentro de la Reforma Rural Integral, y corresponden a herramientas para la concertación de planes de desarrollo para 16 subregiones que agrupan comunidades de 170 municipios afectados por el conflicto armado, entre otros conflictos. Estos fueron creados con la intención de invertir recursos para reducir brechas, teniendo en cuenta cada territorio y sus habitantes. Sin embargo, desde la asunción de Iván Duque, su implementación siempre estuvo en duda, así como la del Acuerdo en general.

Respecto a lo anterior, el Centro de Pensamiento y Diálogo Político señala que si bien la administración ha seguido con los PDET, la estrategia adoptada no se condice con lo planteado en el Acuerdo y en rigor han reducido la implementación al avance de estos planes. Además, destacan que los Planes de Acción para la Transformación Regional (la instrumentalización de los PDET) tampoco corresponden a lo firmado en La Habana y que los avances de la implementación informados por el gobierno corresponderían a una simulación, dado que son resultados de otros programas como Obras por Impuestos, a proyectos aprobados por el OCAD Paz y a Obras de pequeña infraestructura comunitaria.

A lo anterior podrían sumarse otras medidas adoptadas por el gobierno como la desfinanciación de la Agencia de Renovación Territorial, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia para la Reincorporación y Normalización. O también, la decisión de mejorar solo el 0,5% de las vías terciarias de los municipios PDET, donde el 77,5% de estas se encuentran en mal estado.

La lista puede continuar: trabas a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la falta de al menos la mitad de hectáreas para la restitución de tierras, la disminución de la inversión general en la implementación como porcentaje del PIB e intentos de modificar el Acuerdo se enmarcan dentro de un gobierno cuyo manejo ha sido eficientemente errático. Aunque siendo justos, Duque jamás ha mostrado una postura muy favorable ni tampoco claramente en contra, y sus intentos por alterar los Acuerdos han sido impedidos.

En este contexto, el Coronavirus se instaló como nueva urgencia, con lo cual la adopción de medidas para controlar su propagación eran esperables. No obstante, en un país cuyas regiones no estaban preparadas para enfrentar la pandemia, algunas de las medidas no consideraron sus realidades, o bien se promulgaron sin consultar especialistas o parlamentarios, como el caso de la tropa militar estadounidense que llega a Nariño.

Además, algunas de las medidas adelantadas afectan y afectarán directamente a la paz y los territorios. Respecto a lo primero, dentro de los llamados de austeridad, el gobierno contrató a una agencia que financió parte de la campaña del No a la Paz para el manejo de su estrategia digital, de redes y contenidos con dineros del Fondo de Programas Especiales para la Paz. A esto se suma la nominación del hijo de un paramilitar como director de la Unidad de Víctimas del Ministerio del Interior, en línea de la designación a comienzos de año de un negacionista del conflicto armado como director del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Una situación que afecta ambas aristas mencionadas tiene que ver con el glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. Este mecanismo ha sido prohibido en varios países, incluyendo Colombia, debido a su toxicidad y efectos secundarios. No obstante, desde 2019 el gobierno ha intentado retomar su uso, siendo impedidos en su momento. En 2020 vuelven a insistir, lo cual ha levantado protestas del campesinado que nuevamente se ve afectado por la aspersión aérea.

Otro tema que afecta a los territorios y al medioambiente ha sido la búsqueda de abrir la Amazonía para el desarrollo de proyectos petroleros. Al riesgo que implica el COVID para las comunidades que allí habitan, la deforestación y los incendios han avanzado sobre el territorio amazónico, mientras en paralelo el congreso impide la prohibición de la exploración hidrocarburífera en dicha región.

Finalmente, el impacto del Coronavirus en el país va a requerir una serie de programas denominados de reactivación. Estos, directa o indirectamente demandaran enormes cantidades de energía, que ante la escasez hídrica de algunos embalses, podría obligar la migración de la generación hidroeléctrica a térmica, demandando mayor cantidad de hidrocarburos o carbón, lo cual tiene fuertes impactos ambientales como los presentes en las localidades de Puchuncaví y Quintero en la Región de Valparaíso, Chile. Otro impacto proyectable corresponde a la potencial ampliación de la frontera extractiva del agronegocio, biocombustibles, minería e hidrocarburos para sostener los balances macroeconómicos del país bajo la excusa de la reactivación económica.

Así, ha perseverado la presión sobre la paz, los territorios y sus habitantes durante la cuarentena. Las continuidades en las estructuras de conflictividad durante la pandemia evidencian un dolo estatal respecto a zonas que permanentemente vulneradas por diversos actores, incluyendo al Estado, no solo por fines económicos sino también políticos, generando heridas permanentes en el tejido social. Sin embargo, el escenario que se viene puede plantear aún más tensiones.

El virus anti-paz, paralelo a la pandemia, verá pronunciadas situaciones esenciales en su conformación, debido a la naturaleza neoliberal de la relación del Estado respecto de los territorios. Hasta antes del COVID, la implementación del Acuerdo Final de Paz solo avanzó en lo correspondiente al orden político-hegemónico sin traducirse en una solución respecto a las problemáticas territoriales de carácter histórico y estructural. El mayor ejemplo de ello ha sido el nulo avance en la Reforma Rural Integral, la cual fue pensada como una nueva aproximación centro-periferia, pero que el virus anti-paz ha evitado consolidar.

Hoy, producto del Coronavirus se argumentará en favor de continuar incorporando zonas geográficas a la territorialidad neoliberal para sostener la reactivación. Si la situación ha ido lamentable hasta el momento, la excusa señalada incluso puede profundizar la conflictividad territorial, agravando aún más el feble estado de la paz en Colombia.

La paz apareció como una oportunidad histórica para frenar la debacle en los territorios, sin embargo las voluntades gubernamentales reman hacia otros horizontes. En ningún momento la paz territorial correspondía al cese de la disputa armada, ni tampoco llevar estructuras desarrollistas o institucionales a las zonas afectadas como lo señaló en su momento Sergio Jaramillo, sino en modificar la aproximación hegemónica del Estado, brindar garantías en defensa de sus habitantes y en la protección del medio ambiente.

Parafraseando al presidente de la Comisión de la Verdad, es momento para que el gobierno demuestre la misma voluntad con la paz y la defensa de los territorios y sus habitantes que la que ha mostrado para evitar la propagación del virus y proteger la economía.

Escrito por Simón Rubiños.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here