Sigue la polémica tras el anuncio de José Antonio Ocampo, el ministro de Hacienda designado por el electo presidente Gustavo Petro, confirmó que las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados tendrán impuestos, dando un espaldarazo a la propuesta de la también designada ministra de salud, Carolina Corcho. Voces desde diferentes sectores se han hecho oír, atacando la medida, ya que, según ellos, afecta los bolsillos de los estratos 1 y 2 y los tenderos. Impuesto a bebidas azucaradas sí va en la nueva reforma tributaria.
“No podemos subir los impuestos de las bebidas azucaradas porque afecta los bolsillos de los estratos 1 y 2 y los tenderos” dice el Representante Christian Garcés del Centro Democrático. Publicación del representante Santiago Osorio M, criticando a Garcés quién se opone al impuesto a las bebidas azucaradas, porque su campaña fue financiada por los ingenios azucareros.
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Llama la atención la influencia y el poder de la industria de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados que usan diferentes instrumentos y estrategias, como su capacidad organizativa y de persuasión, su poder económico, para bloquear políticas públicas que vayan en contra de sus intereses.
Una de las estrategias más usadas en el país, por estos grupos económicos, es la de financiar campañas políticas, con el fin de amarrar la voluntad de sus candidatos, para que una vez lleguen al poder, se encarguen de adelantar políticas que les beneficien, pero a la vez, torpedear todas aquellas iniciativas que puedan vulnerar sus intereses.
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Es por esto que algunos internautas y políticos critican el comentario del representante Christian Munir Garcés Aljure del Centro Democrático, porque de acuerdo con ellos, la campaña del representante fue financiada por los ingenios azucareros del país y ahora, ya electo, debe devolverles el favor.
Prueba de esto, es el listado de los particulares que financiaron con sus recursos la campaña del representante Garcés Aljure, donde aparecen Ríopaila Castilla S.A., Ingenio Pichichi S.A y Manuelita S.A. contribuyendo con $46, $20 y $40 millones de pesos, respectivamente.
Cabe destacar que, de acuerdo con algunos expertos, la Ley de Financiamiento del 2018, no adoptó ningún tipo de impuesto saludable o impuesto a las bebidas azucaradas, como se vendió a la opinión pública.
Lo que realmente se hizo y se debe velar para que no se repita con este nuevo congreso, fue aprobar en la Ley, la eliminación de un beneficio tributario o no IVA a la industria de estas bebidas, y que, lo que se debió aprobar era un impuesto al consumo con el fin de desestimular su consumo.
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