Stefany Paola Trujillo Salas, una usuaria de la plataforma Rappi, denunció públicamente ser víctima de un millonario fraude electrónico que compromete la seguridad de la compañía liderada por Simón Borrero.
Según el relato de la afectada, criminales vulneraron su perfil personal y bancario el pasado 27 de diciembre de 2025 para realizar tres compras no autorizadas que ascienden a un total de $2.504.907 pesos colombianos. Los cargos, registrados bajo los conceptos de «Rappi Colo» y «Rappi Gene», corresponden a montos de $834.160, $835.669 y $835.078 respectivamente.
Denuncia ante la SIC por fraude en Rappi y negligencia en el soporte
El caso ya fue escalado formalmente ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) bajo el radicado 25-646833-1. Trujillo manifiesta que, a pesar de que la empresa admitió inicialmente el fraude a través de su equipo de soporte —identificado en los correos por agentes como Ingrid Yampufe—, el proceso de devolución ha sido dilatado sistemáticamente.
La gravedad del asunto radica en que el dinero hurtado estaba destinado al pago de la matrícula escolar del hijo de seis años de la denunciante, lo que agrava la afectación patrimonial y emocional de la familia.
La usuaria señala una preocupante falta de trazabilidad y seguridad en los sistemas de la aplicación.
Trujillo descubrió que en su cuenta de Rappi fueron vinculados datos de una tarjeta de crédito perteneciente a una persona identificada como Daniela Arellano, a quien la víctima asegura no conocer.
Este hallazgo sugiere una vulneración masiva de datos personales donde se cruzan perfiles de distintos usuarios, lo que podría constituir delitos informáticos de mayor escala bajo la legislación colombiana vigente, incluyendo la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) y la reciente Ley 2439 de 2024.
A pesar de haber entregado certificaciones bancarias y pruebas del fraude en repetidas ocasiones, la respuesta de la empresa ha sido contradictoria.
Mientras un correo inicial de soporte aseguraba que el reembolso se vería reflejado en un periodo de 15 a 20 días hábiles, comunicaciones posteriores del 4 de enero de 2026 solicitaron a la víctima gestionar un contracargo directamente con Bancolombia.
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Esta maniobra es interpretada por Trujillo como una evasión de responsabilidad por parte de la plataforma, que no ha garantizado la integridad de los datos de sus clientes.
La denunciante califica la situación como un «robo disfrazado de ineptitud» y hace un llamado a la solidaridad ciudadana para difundir su caso. Hasta el momento, Rappi no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el fallo de seguridad que permitió el uso fraudulento de la cuenta ni sobre la aparición de tarjetas de terceros en perfiles ajenos.
Redacción Economía Pluralidad Z.
