Un grupo conformado por 51 expertos académicos y analistas económicos, además de once centros sociolaborales y de pensamiento económico, presentaron al presidente Duque una carta en la cual plantean propuestas alternativas a las temáticas de salario mínimo, empleo y productividad en el marco de la reactivación económica.
Teniendo en cuenta la falta de consenso en cuanto a la fijación del porcentaje de incremento del salario mínimo en Colombia para el 2021, los expertos aseguran que el debate debería ampliarse y, además, no debería limitarse el aumento salarial al IPC.
Colombia ha sufrido un fuerte revés en la tendencia decreciente de las cifras de pobreza, en parte, debido a la crisis económica que trajo consigo la pandemia por la Covid-19 en el país.
Sin embargo, aseguran que un bajo incremento en el salario mínimo solo emporaría la situación, afectando el mínimo vital contemplado en la Constitución y deprimiendo las finanzas y el consumo de los hogares colombianos.
También opinaron acerca de la productividad, enfatizando que, un incremento salarial débil no es garantía de productividad, por el contrario, disminuye el incentivo del trabajador.
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Además, señalaron que es preciso avanzar en nuevas formas de medir la productividad con base en cada trabajador, por horas y por monto salarial como se ha implementado a nivel internacional.
En el escenario opuesto, sugirieron que un incremento significativo en el salario podría traducirse en un “círculo virtuoso para la economía”.
En la misiva también descartan que bajos salarios sean sinónimo de mayor competitividad, y cuestionan que la reducción de los parafiscales se traduzca en mayores ofertas de empleo.
De hecho, según las evaluaciones que se han hecho, la disminución progresiva de parafiscales no ha representado efectos significativos sobre la contratación de empleo formal ni sobre la informalidad empresarial.
Finalmente, aseguran que la clave de la reactivación económica se encuentra en la promoción de la demanda efectiva, con un salario mínimo más robusto, subsidio a las nóminas de las mipymes, y un plan de emergencia de empleo público.
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